La Generalitat de Cataluña está dando pasos hacia la toma de control de la Agencia Tributaria en un intento por lograr la independencia fiscal de la región. Según los detalles presentados por el gobierno catalán, el plan busca recaudar el 100% de los impuestos y tener control normativo sobre ellos, lo que incluiría el pago a través de dos fondos una cuantía periódica.
Este plan tendría como resultado que Cataluña se quedaría con 26.365 millones de euros adicionales, pero los inspectores de Hacienda han rechazado esta propuesta argumentando que no tiene cobertura legal en la Constitución española o la Ley Orgánica. La Constitución establece un régimen fiscal común para todas las Comunidades Autónomas, por lo que el plan catalán iría en contra de los principios constitucionales de solidaridad y garantía de servicios públicos.
Además, Cataluña no financiaría la parte que le correspondería de los fondos de compensación interterritorial, lo que según los inspectores de Hacienda, incumpliría el principio de igualdad y la garantía de un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos. Explican detalladamente por qué este plan es ilegal, ya que un régimen fiscal especial solo para Cataluña no está respaldado por la Constitución.
Esta actitud de Cataluña pone en duda los principios de solidaridad e igualdad consagrados en la Constitución española, y abre un debate sobre los límites de la autonomía fiscal de las regiones en España. El conflicto entre la Generalitat y el gobierno central de Pedro Sánchez parece estar lejos de resolverse, dejando en el aire la posibilidad de un enfrentamiento legal por la independencia fiscal de Cataluña. Los próximos pasos de ambas partes serán clave para el futuro de la región y su relación con el resto de España.