La junta de fiscales del Tribunal Supremo ha desautorizado el informe preliminar del fiscal Álvaro Redondo sobre la causa de Tsunami Democràtic. Según la junta de fiscales, existen indicios de delito de terrorismo que son suficientes para que el Alto Tribunal investigue al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la del Supremo tienen opiniones divergentes sobre el caso, al igual que los fiscales jefes del Supremo presentes en la junta, quienes también tienen opiniones contrarias entre ellos.
Ante esta situación, el nuevo informe será realizado por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. A diferencia del informe preliminar de Álvaro Redondo, que consideraba que lo ocurrido en el aeropuerto de El Prat no podía ser considerado como terrorismo, el informe de Redondo también advertía que los indicios recogidos por el juez García-Castellón eran demasiado abiertos como para iniciar una investigación formal contra Puigdemont. Esto generó polémica debido a las insinuaciones de que Redondo había cambiado de criterio tras una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García.
Cabe mencionar que el Supremo había pedido informe a la Fiscalía después de que García-Castellón remitiera una exposición razonada para que el Alto Tribunal asumiera la causa de Tsunami Democràtic. Para que existan indicios de terrorismo, se deben cumplir ciertos requisitos, como el intento de forzar al Estado mediante acciones violentas y la comisión de delitos graves con penas de más de 5 años de cárcel. Los fiscales que ven indicios de terrorismo se basan en los hechos descritos en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo.
En cuanto a la situación de Puigdemont, algunos fiscales consideran que los indicios no son suficientes para dictar una condena, pero sí para iniciar una investigación. Es importante destacar que la causa de Tsunami Democràtic es la razón por la que el partido político Junts votó en contra de la ley de amnistía la semana pasada. Los independentistas consideran que esta excepción puede ser una puerta para que los jueces bloqueen la amnistía a Puigdemont.
En definitiva, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá esperar a que se rehaga el informe para tomar una decisión sobre el caso. Es evidente que este tema sigue generando controversia y debate en el ámbito político y judicial en España.
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